El papel de Almagro, Peña Nieto y Videgaray en la OEA (I)

Cuando sólo restan pocos minutos para que inicie en La Habana el XV Consejo Político del ALBA, compartimos con los amigos de Auca en Cayo Hueso este artículo del periodista mexicano Carlos Fazio, en el cual analiza el papel del Secretario General de la OEA Luis Almagro y su accionar injerencista contra Venezuela, en complicidad con el gobierno mexicano, la derecha regional y Washington. La cita en La Habana de los países del ALBA será entonces una oportunidad para rechazar tales maniobras intervencionistas y patentizar el respaldo de nuestros gobiernos a la Revolución Bolivariana.

 

Por: Carlos Fazio / Tomado de Facebook

Tiempo de chacales, hienas y serviles

Los hechos se han precipitado en la búsqueda de una salida golpista en Venezuela, auspiciada por la administración de Donald Trump a través de su añejo instrumento político-ideológico de la guerra fría, la Organización de Estados Americanos (OEA).

La incesante y sistemática campaña propagandística mediática de la derecha imperial e internacional, dirigida a instalar en la opinión pública mundial la versión de que Venezuela vivió un “autogolpe” de Estado, tiene poco que ver con la realidad. La ofensiva responde, más bien, a una lectura aviesamente manipulada de la decisión adoptada el 30 de marzo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la cual ese órgano judicial había atraído de manera temporal facultades de la Asamblea Nacional (AN), en tanto ésta pone fin a la situación de desacato en la que se encuentra desde julio de 2016.

La decisión fue rectificada dos días después tras un acuerdo entre los poderes públicos agrupados en el Consejo de Defensa para mantener el equilibrio de poderes. Al respecto, cabe consignar que en Venezuela existen 5 poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, que funcionan de manera independiente y autónoma. La Constitución establece inteligentes contrapesos para que ninguno de ellos avasalle a los otros.

A diferencia de las monarquías y las repúblicas parlamentarias, desde 1811 Venezuela tiene un sistema político presidencialista como el de Estados Unidos, México y varios países sudamericanos, incluidos Chile, Ecuador y Brasil. Al Presidente de la República lo vota directamente la ciudadanía y ejerce funciones de jefe de Estado. Es decir, la dirección del país.

En ese contexto, la única instancia a la que deben obedecer todos los poderes es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es “el máximo y último intérprete de la Constitución”. Pero sucede que desde su instalación en enero de 2015, la Asamblea Nacional, de amplia mayoría opositora, afirmó que en “seis meses” sacaría del Gobierno al presidente Nicolás Maduro.

A partir de entonces, apoyado por el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos −y su mascarón de proa, la Organización de Estados Americanos−, el plan golpista denominado “La salida” ha venido ensayando distintas modalidades de la guerra no convencional (o asimétrica), incluidos el terrorismo mediático, la desestabilización económica y la violencia callejera de las guarimbas, para desplazar al presidente legítimo, Nicolás Maduro, del gobierno.

Inclusive, el 9 de enero de 2017, en un acto eminentemente anticonstitucional, la Asamblea Nacional desconoció al Presidente bajo la acusación de que había hecho “abandono del cargo” −algo absurdo y falaz dado que Maduro se mantenía día y noche trabajando en el palacio de Miraflores− y propuso convocar a elecciones presidenciales en el plazo de un mes.

Al votar a favor de un golpe de Estado, los asambleístas de la derecha venezolana agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se pusieron al margen de la Constitución y por voluntad propia cayeron en desacato, mismo que se acentuó con la juramentación ilegal de tres diputados de Amazonas impugnados por fraude electoral e ilegítimamente incorporados a ese parlamento (unicameral) por su directiva.

Tras ser declarada en desacato por el TSJ, la Asamblea Nacional se declaró en rebeldía, negándose a cumplir su función legislativa, y con apoyo de congresistas de la ultraderecha de Estados Unidos como el senador Marco Rubio y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha buscado asumir las funciones del Poder Ejecutivo, lo que a todas luces constituiría un golpe de Estado.

Como ocurre con el constitucionalismo europeo y estadounidense, en Venezuela, cuando hay un conflicto entre poderes, el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento. A guisa de ejemplo, en sus primeros dos meses de gobierno Donald Trump ha tenido que acatar decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El 30 de marzo, el TSJ había asumido de manera accidental y coyuntural algunas funciones del órgano legislativo, para cubrir el vacío legal producido por más de un año de ausencia de la AN por autoanulación y desacato a la sentencia que lo obliga a la desincorporación de los tres diputados que la directiva anterior, en actitud prepotente, juramentó bajo la falsa afirmación de que la Asamblea era el poder supremo y no tenía por qué obedecer dictamen alguno de ningún otro poder.

Ante la gritería mediática desatada por las corporaciones de la industria del entretenimiento bajo control monopólico privado (en particular los noticieros de las grandes cadenas de radio y televisión) y los medios impresos agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para satanizar al Gobierno Bolivariano de Venezuela, es necesario informar que de las medidas temporales adoptadas por el TSJ, ninguna suponía la “disolución” de la Asamblea legislativa y tampoco ningún parlamentario fue “destituido”, como de manera facciosa se manejó urbi et orbi.

LUIS ALMAGRO Y LA LARGA MANO DE WASHINGTON

La conjura mediática contra el proceso que encabeza Nicolás Maduro, se dio en el marco de las renovadas acciones conspirativas de Luis Almagro y sus jefes en el Departamento de Estado y el Pentágono –que responden hoy al presidente Donald Trump−, quienes han logrado articular a un grupo de presidentes y cancilleres de países miembros del organismo con el objetivo de echar a andar, de manera escalonada, las medidas intervencionistas y coercitivas previstas en la Carta Democrática interamericana, lo que podría derivar en un bloqueo, sanciones y una eventual suspensión de Venezuela como Estado parte, como fase previa que “legitime” una intervención militar multilateral bajo la tutela de Washington, por razones “humanitarias”.

Desde su llegada a Washington en marzo de 2015, la gestión de Luis Almagro ha logrado rescatar de las cloacas de la historia el verdadero espíritu injerencista del organismo hemisférico, aquel que en enero de 1962, cuando la conjura contra Cuba en Punta del Este, Uruguay, llevó a que la OEA fuera definida por el diplomático cubano Raúl Roa −“el canciller de la dignidad”− como Ministerio de Colonias de Estados Unidos.

Ya entonces Almagro figuraba en los planes del Pentágono como motor de lo que sería la segunda fase de la operación “Venezuela Freedom”, a ser instrumentada el año siguiente (2016) por el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, sucesor en el cargo del general John Kelly, actual secretario de Seguridad Nacional de la administración Trump.

Fue el propio Kelly, quien, ante un comité del Senado estadounidense, expuso el 12 de marzo de 2015 que la primera fase de la operación “Libertad Venezuela” había conseguido parte de sus objetivos, al lograr generar una situación de caos y desestabilización política en el territorio venezolano, combinando acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó las guarimbas con su medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares en la frontera colombo-venezolana.

En noviembre siguiente Almagro recibió en la OEA a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, encarcelado en Venezuela por ser uno de los principales promotores del plan golpista “La salida”, que en 2014 causó 43 muertos y 900 heridos, con lo que tácitamente se inscribía en el cronograma del Pentágono dirigido a derrocar a Nicolás Maduro.

La prueba fehaciente de su viraje político –hasta entonces Luis Almagro había corrido con bandera de “izquierdista” por ser el canciller del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien además lo promovió a la secretaría de la OEA−, fue cuando su nombre apareció en un “papel de trabajo” del almirante Tidd, fechado el 25 de febrero de 2016.

Diseñado por la llamada “comunidad de inteligencia” e inscrito en la estrategia de rollback −de dominio y vuelta atrás−, el informe afirmaba haber “convenido” con Almagro la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de Estados Unidos (ver Documento Joint Vision 2020), que es la matriz doctrinaria de todos los manuales y proyectos de Guerra No Convencional desarrollados hasta el presente contra el proceso revolucionario bolivariano y otros países del área con gobiernos progresistas.

Según la propia descripción del almirante Tidd, la estrategia subversiva estaba siendo ejecutada por agentes encubiertos del Comando de Operaciones Especiales, la Fuerza Conjunta Bravo, con asiento en la base de Palmerola (Soto Cano), en Comayagua, Honduras, y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (inteligencia), y era concebida como una “operación de amplio espectro, conjunta y combinada” que contemplaba una “fase terminal” hacia julio-agosto de 2016.

Para ello, el plan requería del posicionamiento mediático de que en Venezuela existía una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que el país estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”.

Sustento de las guerras asimétricas o híbridas y los “golpes blandos” o “institucionales” de nuestros días (como el golpe de Estado parlamentario-judicial-policial-mediático contra Dilma Rousseff en Brasil), la doctrina de espectro completo −citando a Tidd− emplea “recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos”, y echa mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

Como denunció Marcos Roitman, el centro de maniobras en el terreno es la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Hasta allí llegan agentes de inteligencia estadounidenses desplegados en América Latina a coordinarse con Tenny Spith, militar de alto grado, perteneciente a la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), y Rita Buck Rico, adscrita a la sección de asuntos políticos de los servicios exteriores.

Pero como la guerra psicológica es un componente esencial de los conflictos asimétricos (toda intervención internacional es precedida por una guerra mediática), a través de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), el Pentágono ha logrado articular en la etapa una vasta plataforma comunicacional (TV, circuitos radiales, prensa escrita, redes digitales) desde donde lanza campañas de intoxicación desinformativas (terrorismo mediático, propaganda negra y bullying permanente) contra Venezuela.

Es en ese marco que hay que inscribir el papel de Almagro como peón de Washington, que cobraría vuelo a partir de mayo de 2016, cuando en vísperas de la 46ª. Asamblea General de la OEA calificó a Maduro como “dictadorzuelo” e intensificó sus labores de cabildeo con la finalidad de echar a andar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.

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Acerca de aucalatinoamericano

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Publicado el abril 10, 2017 en #ALBA, #México, #OEA, EE.UU., Venezuela y etiquetado en , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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