Narcotráfico, ¿el gran reto de Bolivia?

Narcotráfico, ¿el gran reto de Bolivia?

Al echar a la DEA y defender su derecho al cultivo y uso de la hoja de coca, Bolivia se rebeló en los últimos años a las políticas sobre drogas predominantes en el mundo, pero aún enfrenta el reto de profundizar los cambios para que la lucha contra el narcotráfico tenga de verdad resultados efectivos y beneficiosos para la población.

Excesiva penalización a delitos menores vinculados al narcotráfico, hacinamiento en cárceles, impacto ambiental de la ampliación de cultivos legales de hoja de coca, la confiabilidad del monitoreo sobre la producción para estimar cuánto se desvía a la elaboración de cocaína y el cese de la estigmatización del consumo son algunos desafíos a los que se enfrenta el país en materia de narcotráfico, un tema que ha estado presente en las campañas presidenciales rumbo a los comicios del próximo 20 de octubre.

Carlos Mesa, el expresidente y principal candidato opositor a Evo Morales, ha propuesto, incluso, abrir el debate sobre descriminalización, despenalización o legalización de las drogas, iniciativa que sorprende por su perfil de político conservador y porque él mismo ha reconocido que no está de acuerdo, pero entiende la necesidad de que la región rediseñe una estrategia común.

Fuerzas de seguridad incautan plantaciones de hoja de coca en Chimore, Bolivia, 18 de enero de 2019. / David Mercado / Reuters

El presidente, por su parte, ha reconocido que Bolivia se ha transformado en un país de tránsito de drogas ilegales que son trasladadas desde Perú para llegar al mercado brasileño o paraguayo, pero opositores y especialistas alertan sobre crecientes operaciones narco en territorio nacional. La discusión es permanente.

Una larga historia

Por ser el tercer país productor de cocaína, después de Colombia y Perú, Bolivia arrastra una serie de estereotipos. Es una larga historia que comenzó hace siglos, cuando pueblos ancestrales comenzaron a masticar hoja de coca. Fue recién en los años 50 que se detectaron las primeras fábricas de pasta de cocaína en la región conocida como los Yungas. La transformación de una planta en una droga ilegal de alto consumo impactó de manera profunda, política, social y económicamente en un país que durante décadas fue el más pobre del Continente.

En los años 70, metido de lleno en la guerra contra el narcotráfico que había sido declarada por el presidente Richard Nixon, Estados Unidos fortaleció sus políticas intervencionistas y le exigió a Bolivia que erradicara por completo los cultivos a través del programa “coca cero”. Los campesinos cocaleros advertían que el proyecto debía ser “cocaína cero”. La estigmatización de la planta originó una confusión, basada en la ignorancia, que permite que todavía hoy muchas personas en el mundo crean que hoja de coca y cocaína son lo mismo.

El cultivo de hoja de coca se expandió en la década siguiente de Los Yungas al Chapare, lo que demostró el fracaso de las políticas prohibicionistas y represivas que, en lugar de lograr su objetivo de erradicar los cultivos, provocaron que se ampliaran debido a los altos precios que adquiría la cocaína por ser una sustancia ilegal. Era, y es, una mercancía preciada.

Para 1985, más del 80 % de la hoja de coca se destinaba a la fabricación de cocaína y el 10 % de la población participaba directa o indirectamente en el negocio del narcotráfico.

La respuesta, como en el resto del mundo, fue punitivista. En 1988 se promulgó la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, mejor conocida como Ley 1008, que consolidó el intervencionismo de Estados Unidos en el diseño de políticas de seguridad, criminalizó la hoja de coca, estableció la obligatoriedad de la prisión preventiva por delitos vinculados al narcotráfico y la erradicación forzosa, militarizó el programa de reducción de cultivos, produjo violaciones en derechos humanos y se centró en los eslabones más débiles del negocio narco.

Productor de coca en un mercado legal de La Paz, Bolivia, 5 de agosto de 2019. / David Mercado / Reuters

El Plan Dignidad que se lanzó en los años 90 para erradicar los cultivos ilícitos en un plazo de cinco años no cumplió la meta. En cambio, aumentó las represiones contra los cocaleros y la resistencia social a estas políticas. Fue el germen del liderazgo de un campesino cocalero llamado Evo Morales que en 2006 se convertiría en el primer presidente indígena de Bolivia.

Los cambios

Una de las primeras medidas reformistas, que tuvieron impacto a nivel internacional, fue la decisión que Morales tomó en 2008 para expulsar a la DEA, la policía supranacional utilizada por Estados Unidos como parte de su intervencionismo en la región. Al año siguiente, la Constitución de Bolivia fue reformada para reconocer por primera vez en la historia el derecho al consumo tradicional de hoja de coca. En 2013, Morales reincorporó al país a la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes que había abandonado dos años antes pero, de manera inédita, consiguió que se reconociera el derecho de Bolivia a defender el uso de la hoja de coca como patrimonio cultural, sin que se considerara un delito.

Ello permitió diseñar estrategias para controlar los cultivos sin afectar a los campesinos. A la larga, algunos de los principales resultados son la mejora de condiciones de vida de miles de cocaleros, que la violencia no es expansiva y que, más que cárteles, aquí operan clanes. El narcotráfico no se ha extinguido, lo que no hace de Bolivia un caso especial, porque eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo.

A diferencia de lo que pensaban los detractores de Morales, la expulsión de la DEA no significó el incremento de la producción de cocaína en Bolivia. Más bien, todo lo contrario.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó este año que desde 2005, es decir, casi desde que Morales se convirtió en presidente, el cultivo de hoja de coca se redujo en un 16 %. Si se parte de 1988, hay un 60 % menos de superficie cultivada. Aunque sigue siendo el tercer país productor de cocaína, lo es con un nivel mínimo del 10 % del mercado de esta droga a nivel internacional.

Pero hasta aquí llegaron los cambios. Lo que parecía una transformación revolucionaria en materia de políticas de drogas en un país productor de una de las sustancias ilegales más codiciadas, parece estancada.

La misma UNODC ha reportado que un 42 % de la coca cultivada no pasa por los mercados legales, pero el gobierno responde que ello no implica necesariamente que se desvíe para producción de cocaína, sino que se vende en otros circuitos pero para el mismo uso legal de masticado y fabricación de productos como el popular mate.

Morales también acarreó críticas el año pasado al expandir de 12.000 a 22.000 las hectáreas en las que se permite cultivar coca. Hasta entonces los únicos cultivos legales eran los de Los Yungas, cuya producción es en su mayoría para el mercado interno, pero ahora también son legales los cultivos del Chapare, una zona en la que, debido a las características de la planta, la mayor parte de la producción ha sido históricamente desviada para elaborar cocaína.

Uno de los principales problemas es que la mayoría de los postulados represivos de la Ley 1008 siguen vigentes. Y uno de los aspectos más cuestionados es el excesivo punitivismo por delitos vinculados al narcotráfico que permite que personas con cantidades mínimas, es decir, consumidores, o que se dedican al microtráfico sean condenadas a décadas de prisión.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 70 % de las personas detenidas en Bolivia tienen prisión preventiva, lo que explica el hacinamiento carcelario, a su vez violatorio de derechos humanos. Las 3.198 personas que están presas por fabricación, transporte, suministro y tráfico de sustancias ilícitas representan el 17,63 % de la población carcelaria. Es el segundo delito después de robo y robo agravado. Además, casi cuatro de cada diez mujeres presas están acusadas de delitos de narcotráfico, lo que triplica el promedio mundial.

Para sumar al debate, a principios de este año la UNODC advirtió sobre la posibilidad de que haya un crecimiento del narcotráfico en Bolivia, ya que en 2018 se duplicaron los hallazgos de clorhidrato de cocaína, pero para el gobierno esas cifras en realidad representan el “éxito” de una estrategia que, a pesar de la incipiente rebelión en materia de políticas de drogas que llevó a cabo Morales, en lo general repite la receta impuesta en el marco de la guerra contra los drogas. Habrá que esperar a que pasen las elecciones para saber si se diseñarán y pondrán en marcha nuevos enfoques.

Por Cecilia González

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Publicado el septiembre 16, 2019 en BOLIVIA y etiquetado en , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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